¿Quiénes somos?
Somos Deudores Hipotecarios con Vivienda Única, Familiar y Permanente. En algunos casos, en la misma hipoteca están incluidas unidades productivas. Todos hemos sido víctimas del desastre económico que arrasó a nuestro país y que alcanzó su pico máximo durante el período 2001/2002. Nuestros acreedores son bancos oficiales, privados y prestamistas particulares. Como a tantos miles y miles de argentinos, de un día para el otro, sin contemplaciones, se nos cambiaron las reglas de juego. Caímos en mora por razones ajenas a nuestra voluntad y quedamos sin posibilidades razonables de pagar. Directa consecuencia y muy semejante a lo que sucedió con el país.
Con la diferencia que a nosotros se nos privó de alternativas. Desde aquella crisis, nuestros acreedores, bancarios y privados, han estado beneficiándose con los remates de nuestras propiedades. Públicamente, algunos proclaman su desinterés por los inmuebles, pero en la práctica se comprueba todo lo contrario. Sus estrategias especulativas suman, a todo tipo de maniobras, la aplicación de intereses usurarios y, peor aún, la siniestra actividad de las ligas de compradores con la que han establecido un acuerdo letal para los deudores.
Para colmo de males, a pesar de nuestro número que es considerable en todo el país, no contamos con el apoyo de las grandes corporaciones económicas o periodísticas. Los grandes medios aplican sistemáticamente una cortina de silencio. Sólo los del interior nos brindan algún espacio.
Nos consta que, tanto este gobierno como el anterior, han reconocido la magnitud de la catástrofe que nos alcanzó. La suspensión temporaria de las ejecuciones, dispuesta por su antecesor así lo indica. Luego vino la Ley 25.798 pero, desgraciadamente, quedó fuera la gran mayoría de deudores. Finalmente terminó siendo discriminatoria y hasta contraria al espíritu que la inspiró. Opinamos que la ineficacia de la norma era inevitable ya que fue redactada por funcionarios provenientes de los ámbitos bancarios y financieros. Creemos compartir su pensamiento si juzgamos que los tecnicismos economicistas no transitan el mismo sendero que la protección a los más débiles, la solidaridad y la defensa de los más auténticos intereses nacionales; estos últimos seriamente amenazados, por ejemplo, por el daño social consecuente y sobre todo por la venta de nuestras deudas a acreedores extranjeros.
Para elaborar la Ley de Fideicomiso debió recurrirse, en su momento, a representantes de los deudores y especialistas de las áreas sociales de gobierno. En este sentido, resulta válido tener en cuenta que, en varios países de la región y en épocas más o menos recientes, distintos gobiernos resolvieron situaciones semejantes con medidas de salvataje para los deudores. En nuestro mismo país, durante la tercera década del siglo XX, se aplicaron decisiones de este tipo.
Pese a las dificultades que enfrentamos, continuamos librando esta lucha desigual en defensa de nuestra causa que es nuestras casas. Proveniente de tratados internacionales, el derecho a la vivienda, ingresó a la Argentina con jerarquía constitucional. No obstante, entendemos que la solución que necesitamos nos llegará sólo desde el Poder Ejecutivo Nacional.
En los ámbitos, legislativos, nacional y provinciales, hemos encontrado comprensión y adhesiones pero no alcanzan. Otra cosa es el Poder Judicial; lamentablemente, salvo honrosas y aisladas excepciones, al momento de los fallos prevalecen criterios propios del siglo XIX. Muchos magistrados parecen olvidar lo acontecido en el país estos últimos años. A ese estilo de administración de justicia, tan abstracto y acotado, se suma a menudo, la mala calidad de las defensas que los deudores pueden llegar a obtener.
Miles, muchos miles de hogares argentinos, dependen de las decisiones políticas para sobrevivir.
Somos Deudores Hipotecarios con Vivienda Única, Familiar y Permanente. En algunos casos, en la misma hipoteca están incluidas unidades productivas. Todos hemos sido víctimas del desastre económico que arrasó a nuestro país y que alcanzó su pico máximo durante el período 2001/2002. Nuestros acreedores son bancos oficiales, privados y prestamistas particulares. Como a tantos miles y miles de argentinos, de un día para el otro, sin contemplaciones, se nos cambiaron las reglas de juego. Caímos en mora por razones ajenas a nuestra voluntad y quedamos sin posibilidades razonables de pagar. Directa consecuencia y muy semejante a lo que sucedió con el país.
Con la diferencia que a nosotros se nos privó de alternativas. Desde aquella crisis, nuestros acreedores, bancarios y privados, han estado beneficiándose con los remates de nuestras propiedades. Públicamente, algunos proclaman su desinterés por los inmuebles, pero en la práctica se comprueba todo lo contrario. Sus estrategias especulativas suman, a todo tipo de maniobras, la aplicación de intereses usurarios y, peor aún, la siniestra actividad de las ligas de compradores con la que han establecido un acuerdo letal para los deudores.
Para colmo de males, a pesar de nuestro número que es considerable en todo el país, no contamos con el apoyo de las grandes corporaciones económicas o periodísticas. Los grandes medios aplican sistemáticamente una cortina de silencio. Sólo los del interior nos brindan algún espacio.
Nos consta que, tanto este gobierno como el anterior, han reconocido la magnitud de la catástrofe que nos alcanzó. La suspensión temporaria de las ejecuciones, dispuesta por su antecesor así lo indica. Luego vino la Ley 25.798 pero, desgraciadamente, quedó fuera la gran mayoría de deudores. Finalmente terminó siendo discriminatoria y hasta contraria al espíritu que la inspiró. Opinamos que la ineficacia de la norma era inevitable ya que fue redactada por funcionarios provenientes de los ámbitos bancarios y financieros. Creemos compartir su pensamiento si juzgamos que los tecnicismos economicistas no transitan el mismo sendero que la protección a los más débiles, la solidaridad y la defensa de los más auténticos intereses nacionales; estos últimos seriamente amenazados, por ejemplo, por el daño social consecuente y sobre todo por la venta de nuestras deudas a acreedores extranjeros.
Para elaborar la Ley de Fideicomiso debió recurrirse, en su momento, a representantes de los deudores y especialistas de las áreas sociales de gobierno. En este sentido, resulta válido tener en cuenta que, en varios países de la región y en épocas más o menos recientes, distintos gobiernos resolvieron situaciones semejantes con medidas de salvataje para los deudores. En nuestro mismo país, durante la tercera década del siglo XX, se aplicaron decisiones de este tipo.
Pese a las dificultades que enfrentamos, continuamos librando esta lucha desigual en defensa de nuestra causa que es nuestras casas. Proveniente de tratados internacionales, el derecho a la vivienda, ingresó a la Argentina con jerarquía constitucional. No obstante, entendemos que la solución que necesitamos nos llegará sólo desde el Poder Ejecutivo Nacional.
En los ámbitos, legislativos, nacional y provinciales, hemos encontrado comprensión y adhesiones pero no alcanzan. Otra cosa es el Poder Judicial; lamentablemente, salvo honrosas y aisladas excepciones, al momento de los fallos prevalecen criterios propios del siglo XIX. Muchos magistrados parecen olvidar lo acontecido en el país estos últimos años. A ese estilo de administración de justicia, tan abstracto y acotado, se suma a menudo, la mala calidad de las defensas que los deudores pueden llegar a obtener.
Miles, muchos miles de hogares argentinos, dependen de las decisiones políticas para sobrevivir.
